Los papeles de Panamá son el último de los más paradigmáticos casos de filtraciones en la historia del periodismo de los últimos 50 años. En todos ellos, la prensa ha destapado conexiones entre empresas y personas con la comisión de delitos que lastran la sociedad contemporánea: la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales,  escándalos diplomáticos… Las consecuencias legales de estas filtraciones van más allá de los implicados y, en muchos casos, afectan también a los periodistas que las destapan y a sus fuentes.

Quizá por el factor sorpresa –como la de las filtraciones de naturaleza militar y diplomática- o, por el temor a un ataque frontal al Estado de Derecho, todos tenemos en el recuerdo reciente el primer jaque mate informático e informativo que supuso Wikileaks para las sociedades democráticas. En estos días estamos ante otra investigación periodística, con origen también en un soplo o filtración, pero esta vez coordinada, elaborada y publicada tanto en medios de comunicación clásicos, como en medios nativos, siguiendo métodos y rutinas propias de la prensa libre. Una información global (que afecta a 21 países) con fuerte impacto nacional y local.

Apelando a nuestro imaginario cinematográfico, los #papelesPanamá se parecen mucho a otros dos casos. El que reflejó “Todos los hombres del presidente”, película estrenada precisamente hace 40 años, dirigida por Alan J. Pakula sobre el caso de los periodistas del Washington Post en el escándalo del Watergate; Y, sobre todo, a “Los papeles del Pentágono”, que enfrentó en el Constitucional norteamericano (The Supreme Court) al New York Times con el Gobierno por la participación en la Guerra del Vietnam, tras las filtraciones del funcionario Ellsberg [1]. Paradojas de la vida, ambos “archivos” hoy están desclasificados y disponibles online en la Nixon Library.

Si se midiese por cantidad, hoy deberíamos estar abrumados. Los papeles del Pentágono fueron 7000 páginas. La revelación de Wikileaks, sólo sobre Iraq, 40.000. De Snowden destaca no tanto el número como los resultados: los métodos de “vigilancia” empleados por la NSA con la colaboración de empresas “telecos” y de Internet. En el caso de Panamá la cifra aumenta: los 11 millones de documentos de los que habla el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son una razón de peso para entender que este periodismo de investigación de datos requiera una red global de informáticos, dirigidos por periodistas y abogados, para esclarecer la verdad al servicio de la comunicación.

 

Elementos en común de los casos

Los Panamá Papers (#papelesPanamá) nos han traído a la memoria varios casos de filtraciones de documentos clasificados, o de datos de actividades opacas y fraudulentas, ocurridos en estos últimos 10 años. Wikileaks, por lo que tiene en común con los “leaks”, fue el primer caso de filtraciones masivas de datos e informaciones comprometedoras para los Estados Unidos y otros países occidentales; primero por violaciones del medio ambiente (Costa de Marfil, caso desechos tóxicos de la empresa Trafigura, revelado en 2009) pero, sobre todo, por las torturas de la guerra de Irak filtradas por el soldado Manning a Assange, reveladas en 2010.

Snowden es el caso de la vigilancia masiva de la Agencia estadounidense NSA que ha puesto de manifiesto la organización sistemática del espionaje mediante el control de datos y metadatos de toda comunicación online, la grabación con drones de domicilios y lugares del mundo entero y la red de satélites que conecta los continentes.

La lista Falzani comparte con Panamá no tanto ser un jaque al Estado como al mundo económico –corporativo y de inversores-, pues fue una revelación de cuentas bancarias que afectó a ciudadanos y empresas inversoras en Suiza.

 

Filtraciones

 

Todos los casos tienen en común que:

  • Han supuesto un jaque a los servicios de inteligencia de Estados democráticos
  • Cuestionan la legalidad vigente en materia de secretos por su carácter general (y no excepcional)
  • Son una respuesta de voces no autorizadas (whistleblowers, se les llama por considerarles soplones) ante insoportables mentiras oficiales
  • Utilizan métodos informáticos de tratamiento de información sofisticados y de la mano de expertos en seguridad de redes
  • Las fuentes alertaron primero a sus superiores (Snowden) o a las autoridades (Falciani) pero no les hicieron caso
  • Han contado con la simpatía popular por revelar informaciones que alertan sobre abusos de poder y corrupción
  • Además de su difusión en medios alternativos (wikis, blogs, etc) han recalado en medios de comunicación tradicionales (mainstream media) cuando han sido confirmados dotándose de una gran credibilidad y sin enfrentar a los “mensajeros”
  • Han provocado crisis políticas y dimisiones tanto en gobiernos como en instituciones internacionales
  • El hecho de difundirlas tiene consecuencias legales en los que lo hacen (acusación de traición –Snowden- prisión -Manning-, revelaciones de secreto empresarial –papeles de Panamá-), etc.
  • De ser falsas o imprecisas los profesionales que las difunden podrían incurrir en delitos contra el honor (en España, en concreto por calumnias [2] , si se comprueba que entre los nombres difundidos figuran personas que no cometieron delito alguno), injurias o intromisiones civiles en el honor, intimidad.

Periodísticamente hablando, el precedente de Panamá son los papeles del Pentágono, en los años 70, o las revelaciones de Snowden a los diarios The Guardian y Washington Post (2013). En el Watergate, los periodistas -también del Post- Woodward y Bernstein desafiaron al Gobierno de los EEUU y, pese a ser acusados de revelación de secretos, publicaron las informaciones sobre la financiación ilegal de partidos, espionaje en Washington, etc.

Los periodistas del NYT que publicaron los papeles del Pentágono fueron absueltos por el Tribunal Supremo en una sentencia que pocos invocan en los análisis de estos días: Sí hay primacía del derecho a difundir (algo más que la libertad de expresión) cuando el asunto tiene interés general. Seis magistrados se impusieron a tres en la célebre sentencia [3] que estudiamos anualmente en nuestras Facultades, que enmienda la Constitución americana para una mejor comprensión de la libertad de prensa dentro de la libertad de expresión.

 

Portada del diario el 1 de julio de 1971.

Portada del diario el 1 de julio de 1971.

 

Filtraciones amparadas por el derecho a la información

Desde el punto de vista del derecho a la información y a la libertad de expresión todos los casos tienen su enjundia. Por un lado, porque no toda revelación de secretos, aún cuando como método no siempre es lícita, es delito. Por otro, porque no es igual filtrar o revelar información oficial (grabaciones en la Casa Blanca, Papeles de McNamara o estrategia PRISMA de la NSA) que documentos mercantiles (Falciani, Panamá). Los funcionarios o empleados que trabajan para lo público saben que su compromiso de confidencialidad es mayor y que arriesgan su libertad, cuando no la vida.

En EE.UU. la publicación de material clasificado no siempre es delito. Sí lo es cuando se trata de secretos industriales en materia atómica, la revelación de la identidad de agentes de inteligencia. o, algunas formas de comunicación de los servicios de inteligencia [4].

En el caso de España, filtrar información clasificada sí es delito, de acuerdo con el Código Penal, tanto para el que accede a esos documentos como quien los copia y difunde. También para el medio, aunque lógicamente éste puede ampararse (debe ampararse) en el secreto profesional del artículo 20 de la Constitución Española. Colegas constitucionalistas, como Pilar Cousido, han tratado la cuestión de la transparencia del Estado, los secretos oficiales [5] o Lorenzo Cotino, el derecho a “no revelar” fuentes por parte de los medios informativos [6].

En España la revelación de secretos oficiales -material clasificado- entra también en el ámbito penal como Delitos contra la Administración Pública [7]–así como en el de la Ley de Secretos Oficiales, ley de 1968 actualizada en 1978, desfasada en fondo y forma pero aún vigente.

El acceso no autorizado a datos y documentos personales o de sociedades está sancionado no sólo en el Código Penal (artículos 197-200) [8] sino también en la Ley de Protección de Datos (LOPDP) que impone responsabilidades administrativas severas (por ejemplo por la sustracción de listados, copia de documentos, etc.).

Lo que se aprendió de los papeles del Pentágono sigue vigente en la jurisprudencia norteamericana y en muchos otros tribunales constitucionales: garantizar el derecho a la investigación y a la difusión de noticias de interés público es también parte del Estado de Derecho que los mismos secretos quieren blindar. Sin embargo, en el caso de Snowden ni se ha mencionado esta posibilidad -sale de EEUU a Hong-Kong con los datos y claves protegidas y allí se entrevista con Laura Potras y Greenwald, de The Guardian [9]- porque no es periodista y la protección de las fuentes digitales aún no se contempla. En el fondo, la actividad de difusión en sí puede verse equilibrada en su defensa –y seguro que lo será en unos años- con el principio de interés general de los datos aportados, si bien tendría que llevarse a cabo un durísimo proceso contra los servicios de inteligencia.

Ahora hemos de situarnos en Panamá, lugar donde radican la actividad del bufete Mossack y Fonseca, por tanto la jurisdicción es distinta a la norteamericana o a la europea. Aunque la desconozco, el nudo de la cuestión es el mismo: los abusos de poder son objeto de información; son agenda-setting sí o sí en los medios, más aún en plena crisis económica, y de credibilidad de los sistemas democráticos; son de interés informativo y no sólo a escala nacional.

 

Secretos inconfesables

Más allá de la forma y fondo, tanto la lista Falciani como los papeles de Panamá contienen muchos datos de conexiones entre empresas y personas con la comisión de delitos que lastran la sociedad contemporánea: la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas, redes de prostitución, tráfico de órganos humanos, trata de mujeres… En fin, lindezas que justifican más que de sobra que los profesionales ahonden en la verdad de los documentos que se les han facilitado.

¡Amigo! Resulta que no son sólo corruptelas menores de algunos que pagan así menos impuestos, que podrían resultar hasta comprensibles. Hace falta mucha valentía para cogerle los cuernos a ese toro y ojalá se llegue hasta el final con esos secretos vergonzantes. Si también la prensa cae en el error de apuntar con el dedo a aquéllos que están pero lo están legalmente, que rectifique y aclare, que falta hace; también en prensa y no digamos en Internet hay daños colaterales, pero sólo serán evitables si hay profesionalidad y rigor. Internet no es anárquico aunque su regulación escapa las fronteras físicas [10] .

Hablando de millones de documentos como en #papelesPanamá, estamos ante el periodismo de datos, sin apellidos: periodismo. Como dice Carlos Elías [11] es el periodismo en el que hay que buscar las historias y poner cara en las entrañas de los datos. Iniciativas colaborativas como la del Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son más necesarias que nunca.

 

Loreto Corredoira | @loretoc
Periodista y Profesora Titular de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Co-directora y co-autora con Ignacio Bel de la reciente obra Derecho de la Información, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, que incluye los 60 casos más importantes de los tribunales en material de libertades informativas en España, Europa, EEUU y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.

 

[1] Empleado de la corporación RAND. Ellsberg, Documental El hombre más peligroso de mundo disponible en https://vimeo.com/22160660
[2] Art. 210 Código Penal.
[3] New York Times Co. v. United States 403 U.S. 713https://supreme.justia.com/cases/federal/us/403/713/case.html
[4] Agradezco la colaboración de este punto de los colegas de la Univ. de Syracuse, Pat Longstaff y William Banks, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del Centro de Contraterrorismo http://insct.syr.edu/ en la publicación Libertad de expresión e información en Internet: amenazas y protección de los derechos personales, Corredoira-Cotino (dirs.), CEPC, 2013, págs. 165-190.
[5[ Pilar Cousido, Secretos de Estado: cambios reales, políticos y legales en la era de la transparencia, en Revista jurídica de Castilla y León, Nº. 33, 2014, 23 págs. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4700093&orden=1&info=link
[6] Cotino, L, Cuando se cierra una puerta (la de la información pública), se abre una ventana (la de las filtraciones): aproximación al tratamiento jurídico de las filtraciones y el “whistleblowing”, disponible en https://gobiernoabiertovalencia.files.wordpress.com/2016/03/el_paradigma_del_gobierno_abierto_ok.pdf
[7] TÍTULO XIX Código Penal español, Delitos contra la Administración pública. CAPÍTULO IV. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, Art. 413-418. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html#c4
[8] Código Penal español. Del descubrimiento y revelación de secretos. En http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t10.html
[9] Glenn Greenwald y Laura Poitras, directora también del documental Citizenfour, 2014.
[10] Ver también en la obra Periodismo en red: Loreto Corredoira, capítulo Los medios en Internet: entre la anarquía y la hiperrregulación, pp 414-440 y, Leopoldo Abad, El derecho a la información en la red, pp. 371-414.
[11] En obra coordinada por Luis Nuñez Ladevece, Periodismo en la red, Madrid, 2015, pp. 219 a 450.