Más de mil periodistas han firmado ya el manifiesto en defensa del secreto profesional lanzado desde la Asociación de la Prensa de Baleares y respaldado por la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE). Otro segundo manifiesto firmado por 658 periodistas ha sido entregado a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado. Cientos de periodistas se han manifestado en Baleares y ante la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. El hashtag #ElSecretoNoSeToca ha inundado las redes. La profesión se ha unido para proteger el corazón de su trabajo.
La APM llama a todos los periodistas madrileños a concentrarse mañana 14-D a las 12,00h ante el Tribunal Supremo en defensa del secreto profesional de los periodistas y el derecho a la información #ElSecretoNoSeToca “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información”
— APM (@aprensamadrid) 13 de diciembre de 2018
La intervención del juez trata de descubrir al autor o autores de un supuesto delito de revelación de secretos en el marco del caso ‘Cursach’, donde se investiga una trama de corrupción policial y política en torno a uno de los principales empresarios de ocio nocturno de Baleares. La actuación se produce después de que medios como Europa Press o el Diario de Mallorca se hicieran eco de determinadas revelaciones sobre el caso, y ha sido considerada por las principales asociaciones y sindicatos que agrupan a la profesión como un ataque injustificado al trabajo de los periodistas y a su derecho al secreto profesional, con el que se protege la identidad de sus fuentes. Los periodistas afectados y sus medios han presentado una querella contra el juez en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
“En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos”, señala el manifiesto entregado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en protesta por los registros.
El manifiesto pide al máximo órgano del Poder Judicial que muestre públicamente su compromiso con el secreto profesional de los periodistas para garantizar el ejercicio del derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución. “El secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece”, señala el manifiesto.
El texto ha sido remitido también al Consejo Fiscal, pidiendo que la Fiscalía se desvincule de las decisiones adoptadas por el juez de Baleares. El otro manifiesto, respaldado por la FAPE, ha sido enviado a 5.300 periodistas asociados a este colectivo profesional para que se adhieran, según han informado desde la Asociación de la Prensa de Madrid.
#elSecretoNoSeToca Concentración en defensa del derecho fundamental al Secreto Profesional https://t.co/TOufyOwpwU
— Borja Diaz-Merry (@BorjaDiazMerry) 14 de diciembre de 2018
Desde la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) se ha emitido también un comunicado mostrando “la más contundente oposición a cualquier actuación, policial o judicial, que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información”, y señalando que el compromiso de la prensa con las instituciones del Estado de Derecho “no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en nuestro país y que amparan, entre otro derechos, el secreto profesional”.
Sin embargo, lo que para los responsables de las asociaciones más representativas del sector son medidas “coercitivas” que atentan contra el derecho de los profesionales por mantener a sus fuentes en el anonimato, para algunos representantes de la Fiscalía o el Poder Judicial no son sino acciones para hacer exitosa una investigación. Desde el CGPJ se respondió este jueves al documento de los periodistas mostrando comprensión con la preocupación de los profesionales de la prensa, pero señalando que son los jueces y tribunales quienes deben establecer el alcance y límites de este derecho en el seno de cada proceso, y que “constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes”.
. @El_Intermedio mostró de nuevo su apoyo a los periodistas Kiko Mestre @Piomoa43, de @diariomallorca, y Blanca Pou @BPouS de @europapress, a los que el juez Florit incautó sus móviles
#casocursach #ElSecretoNoSeToca https://t.co/58x0S7fArZ vía @diariomallorca— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 14 de diciembre de 2018
La postura del Tribunal Europeo
Para la profesora de Derecho de la Comunicación de la Universidad de Navarra, Ana Azurmendi, la clave para determinar si se ha producido una vulneración del derecho al secreto periodístico es distinguir cuál es la finalidad del juez al ordenar los registros y la retirada de los ordenadores y Smartphone. “Aquí no estamos hablando de prevenir delitos o de mejorar la investigación del caso, sino que la finalidad directa de esa acción judicial-policial es dar con la fuente, identificar quién le ha dado información al periodista”, considera.
En este sentido, Azurmendi recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido contundente en varias ocasiones en las que se han juzgado este tipo de acciones de jueces y de policías, como ocurrió con la investigación del dopaje en el Tour de Francia. “Frente al argumento de que los registros e incautación de ordenadores se habían hecho para proteger la autoridad e imparcialidad del proceso judicial, el Tribunal de Estrasburgo dio la razón a los medios de comunicación”, explica.
El Tribunal de Estrasburgo argumentó entonces que el derecho al secreto periodístico “no puede ser considerado como un simple privilegio que pueda concederse o retirarse dependiendo de la licitud o ilicitud de las fuentes”. Incluso aunque la fuente haya roto su obligación de confidencialidad como funcionario del juzgado o como persona involucrada en la investigación del caso, sigue prevaleciendo, según Azurmendi, el secreto periodístico. La razón no es otra que su función “indispensable para una información periodística esencial en la vida democrática. Sin secreto periodístico no hay buena información, al menos no aquella que denuncie la corrupción, que evidencie los lazos de autoridades y el crimen, etcétera”.
El mismo argumento sirvió al Tribunal Europeo para fallar a favor de la prensa en 2007 en el caso Woskuil, en Holanda, cuando el llegar a conocer a la fuente hubiera sido decisivo para determinar si tres personas sentenciadas por tráfico de armas habían sido condenadas injustamente o no. Unos años antes, en 2007, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa publicaba una resolución en la que daba un argumento más, al subrayar que una orden de revelar la fuente periodística potencialmente tiene un efecto disuasorio para el ejercicio de la libertad de expresión.
En el caso del periodista William Goodwin, multado en Reino Unido por negarse a revelar al juez su fuente informativa respecto a la empresa Tetra, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos acordó que se indemnizara al periodista y consideró “desproporcionado” que se le intentase obligar a revelar su fuente por orden judicial.
El secreto profesional prevalece como garantía del derecho a la información del ciudadano. Por eso los periodistas se han echado a la calle para defenderlo. Para pedir que la prensa pueda hacer su trabajo y el periodismo, pese a todas sus deficiencias, continúe jugando el papel de perro guardián de la democracia.
Marta Sánchez Esparza | @martasesparza
